Podrá vetar el acceso a contratos a empresas extranjeras si no existe reciprocidad
La administración analizará los riesgos de suministro en energía, agua, sanidad y banca
La Comisión Europea prepara para el próximo 9 de septiembre una reforma de gran alcance de la contratación pública para dar prioridad a proveedores europeos en sectores estratégicos como el material ferroviario, la construcción naval y las infraestructuras críticas. El objetivo es reducir dependencias exteriores, reforzar la seguridad de suministro y utilizar el gasto público como herramienta de política industrial.
El borrador de reglamento plantea sustituir las tres directivas actualmente vigentes sobre contratación pública, concesiones y compras realizadas por entidades de los sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales por una única norma.
La principal novedad es la creación de un marco común de «preferencia europea». Este sistema permitiría a las administraciones restringir la participación de empresas de terceros países que no estén cubiertas por los acuerdos internacionales suscritos por la UE, exigir un porcentaje mínimo de bienes, servicios u obras de origen europeo y conceder ventajas en la evaluación a las ofertas comunitarias.
La Comisión podría también cerrar determinadas licitaciones a operadores o productos extranjeros cuando considere que existen riesgos para los intereses esenciales de la Unión, falta de reciprocidad comercial o una dependencia excesiva de proveedores externos, lo que supone un arma adicional frente a los productos de origen chino.
El documento cita expresamente el material ferroviario y la construcción naval como sectores en los que estas medidas podrían adquirir especial relevancia. Bruselas considera que ambas actividades tienen un carácter estratégico por su relación con la movilidad militar, la seguridad económica y la autonomía industrial europea.
La reforma también afectaría a contratos vinculados a energía, transporte, agua, sanidad, infraestructuras digitales y mercados financieros. En estos ámbitos, los compradores públicos deberían analizar los riesgos de interrupción de suministro, concentración de proveedores, ciberseguridad, exposición de información sensible y control por parte de terceros países.
La Comisión quiere que la contratación pública deje de ser únicamente un procedimiento administrativo y se convierta en una palanca para reforzar la industria europea. El mercado tiene una dimensión considerable: las compras públicas representan alrededor del 15% del PIB de la UE.
Más seguridad de suministro
La propuesta introduce obligaciones específicas para contratos relacionados con entidades esenciales e infraestructuras críticas. Las administraciones podrían exigir medidas de resiliencia, diversificación de proveedores, continuidad operativa y capacidad de respuesta ante interrupciones.
En la práctica, esto abriría la puerta a que el origen de los equipos, la estructura de las cadenas de suministro o la exposición a determinados países pesen más en las adjudicaciones.
La iniciativa responde al temor creciente de Bruselas a que la concentración de suministros estratégicos en un número reducido de países o empresas pueda traducirse en vulnerabilidades industriales y de seguridad.
La Comisión podría concretar posteriormente estas obligaciones mediante normas específicas para productos, servicios o actividades considerados prioritarios.
La reforma también pretende reducir el peso del menor precio como criterio de adjudicación. La regla general será la mejor relación entre precio y calidad, con ponderaciones mínimas para los criterios cualitativos.
Las administraciones que decidan adjudicar exclusivamente por precio tendrían que justificarlo. Bruselas quiere que las licitaciones valoren también la seguridad de suministro, la calidad industrial, la innovación, el impacto ambiental y las condiciones sociales.
En sectores como el ferroviario, el naval o las redes energéticas, esta modificación podría favorecer a fabricantes con capacidad productiva en Europa frente a ofertas extranjeras más baratas, pero con mayores riesgos tecnológicos, logísticos o geopolíticos.
La propuesta también permitirá incluir requisitos relacionados con eficiencia energética, economía circular, contenido reciclado, reducción de residuos y huella ambiental. La Comisión podrá fijar criterios verdes obligatorios para determinadas familias de productos.
El borrador incluye además medidas para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas. Las administraciones no podrán imponer requisitos de facturación desproporcionados ni exigir experiencia previa en contratos públicos, salvo que esté estrictamente justificado. También se facilitará la presentación conjunta de ofertas y el uso combinado de las capacidades técnicas y financieras de varias empresas.
La norma prohibirá, sin embargo, que el adjudicatario subcontrate la totalidad del contrato. Bruselas quiere evitar que una compañía gane una licitación sin ejecutar directamente ninguna parte y transfiera después todo el proyecto a terceros.
Plataforma única de contratación europea
La Comisión pretende sustituir el actual sistema de directivas, que requiere transposición nacional, por un reglamento único. Con ello busca eliminar diferencias entre Estados miembros y evitar que cada país establezca requisitos distintos. La reforma incluirá además una red europea de datos de contratación pública. Los sistemas nacionales deberán estar conectados y las empresas dispondrán de perfiles digitales con sus credenciales, certificados y requisitos de elegibilidad. Bruselas calcula que la digitalización permitirá ahorrar anualmente unos 421 millones a las empresas y alrededor de 207 millones a las administraciones. La UE quiere facilitar la competencia y ampliar la capacidad de contratación.
El Economista – 16 de Julio 2026