Las grandes empresas pagan más tarde que las pymes

Las grandes empresas son las que más tardan en pagar a sus proveedores y también son las que más incumplen el plazo de pago. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea (UE), solo el 14% de las grandes empresas cumple con los plazos de pago acordados. En contraposición, algo más de la mitad de las microempresas (50%) respetan estos plazos, mientras que el 46% de las pequeñas firmas pagan a tiempo. Por su parte, casi tres de cada diez empresas medianas (29%) logran pagar a tiempo a sus proveedores.

De hecho, un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) expone que el 67% de las empresas encuestadas señalan que el perfil que más tarda en pagar es la gran empresa, entendida como aquella con una facturación superior a 50 millones de euros. Cuando se pregunta específicamente cuánto tardan en pagar estos clientes, el 85% afirma que las grandes compañías rebasan el plazo legal (60 días como máximo): el 38% asegura que pagan muy por encima de los plazos legales, es decir, a más de 90 días, y el 47% indica que lo hacen algo por encima del límite, tardando entre 60 y 90 días. Solo el 15% afirma cobrar de las grandes empresas dentro del plazo legal. 

Estas estadísticas van en contra de cualquier lógica empresarial. Las empresas de menos tamaño deberían ser las que más dificultades manifestaran para cumplir con los términos de pago, ya que son las empresas con más problemas de liquidez y de capacidad de financiación. No obstante, este problema no va de capacidad financiera ni de liquidez.

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y presidente de Pimec, la patronal de las pymes catalanas, afirma que «esto se explica porque la gran empresa tiene una posición de dominio sobre las más pequeñas». Eloi Noya, director de Innovación y Tecnología de la Barcelona Finance School (BFS), también coincide en este diagnóstico: «esto es una cuestión de poder de negociación, y las pequeñas empresas tienen poco, mientras que la grandes tienen mucho».

Cañete señala que «hay una cultura de pago irresponsable». De hecho, ironiza con esta cuestión: «parece que pagar tarde es de ser simpático». Por su parte, Noia subraya que «en los pactos que se hacen entre clientes y proveedores, son las grandes empresas las que aprietan más y consiguen mejores condiciones». Más allá de la cuestión cultural, pagar fuera de plazo no tiene ninguna consecuencia legal, ya que España no contempla un régimen sancionador para este tipo de actitudes. «Esta posición de dominio no tiene ninguna consecuencia porque no se sanciona», lamenta Cañete. El presidente de Pimec y la PMcM considera «urgente» implementar un sistema de sanciones para castigar a aquellas empresas que incumplen con los términos. Noya coincide con Cañete y cree que «implementar un régimen sancionador ayudará a reducir los impagos».

El presidente de Pimec y la PMcM considera que «estos lobbies de las grandes empresas tienen muchos intereses», lo que dificulta crear este régimen sancionador necesario para desincentivar estas actitudes financieras. «La forma más fácil que tienen estas empresas para financiarse es a través de sus proveedores», comenta Cañete. «Es una cantidad de millones de euros bestial que consiguen ganar con esto, no necesitan acudir al banco o a otras fuentes de financiación con intereses porque ya tienen esta fórmula», afirma con contundencia Cañete.

Los retrasos generalizados de pagos ponen en peligro la situación financiera de muchas pequeñas empresas. «La consecuencia de todo esto es dramático para las pymes», destaca Cañete. «Muchos de los problemas de liquidez de las pymes se explican porque las grandes empresas pagan tarde a las pequeñas», reitera el presidente de Pimec y la PMcM. Eloi Noya, de la Barcelona Finance School, también comparte esta opinión: «buena parte de los problemas de las pymes vienen de la prolongación de los plazos de pago de las grandes empresas».

Estos problemas de liquidez provocados por esta prórroga indebida de los plazos de pago explican, según destaca Cañete, «el cierre de muchas empresas». De hecho, el presidente de Pimec señala que «durante la crisis del 2008, uno de cada tres cierres de empresas fue por el incumplimiento de pagos de estas grandes empresas». Para el presidente de Pimec y de la PMcM es fundamental para la supervivencia de las pymes y para la economía. «Recuerdo que más del 99% de nuestro tejido productivo son pymes. No es para nada un tema menor», concluye Cañete.

Pero no solo las empresas privadas incumplen los términos. La PMcM alerta que los retrasos de los pagos de la Administración Pública están creciendo. Un informe de la PMcM advierte que el retraso medio de la administración ya se alarga hasta los 70 días, cuando la legislación marca un máximo de 30 días, más estricta que para el sector privado.

El informe también identifica dónde se concentran los mayores retrasos dentro del ámbito público. Más de la mitad de los encuestados para la elaboración de este informe, un 55%, señala a la Administración Local como la que más tarda en pagar. A continuación, se sitúa la Administración Autonómica, mencionada por el 26%, y en tercer lugar la Administración Central, con un 19%. Además, los plazos medios de pago superaron el periodo legal para el 85% de los proveedores de la Administración Autonómica, para el 81% de la Administración Local, y para el 82% de los proveedores de la Central.

Ante esta situación, Cañete reclama «una actuación urgente» y sostiene que «el compromiso institucional con la lucha contra la morosidad debe comenzar por el propio cumplimiento de las normas por parte de las Administraciones». En este sentido, defiende que, en un contexto en el que la Administración está incrementando su recaudación, «no hay motivo que justifique un empeoramiento de sus plazos de pago» y considera que «el sector público debería ser el primero en respetar los tiempos que exige a los demás, ejerciendo así un papel ejemplarizante frente al sector privado».

La PMcM recuerda que este retraso por parte de las Administraciones no solo supone un perjuicio para las empresas proveedoras del sector público, sino que también supone un perjuicio para todos los contribuyentes. Este informe destaca que la Comisión Europea abrió un procedimiento formal de infracción en 2015. Durante esta más de una década con el procedimiento abierto, Bruselas ha emitido advertencias y ultimátums, la última vez en 2021, para que el Estado corrigiera estas actitudes de retraso en los pagos. Aunque no se haya producido ninguna sanción, España está bajo amenaza de multas millonarias si no se da un cambio.

Esta falta de recursos financieros que sufren las pymes por este incumplimiento de los plazos obliga a estas firmas a buscar otras fuentes de financiación para lograr liquidez. Noya destaca que «la fórmula más habitual es mediante líneas de confirming». Este servicio financiero gestiona el pago de los proveedores a través de una entidad bancaria. La empresa que tiene pendiente un pago en el que ha vencido el plazo tiene la posibilidad de cobrar el importe por anticipado a cambio de una comisión.  

Otra de las opciones, destaca Noya, es a través de una línea de descuentos de pagarés, lo que permitiría cobrar a las empresas sus pagarés con sus proveedores antes de la fecha de vencimiento a cambio de una comisión bancaria. Noya valora esta opción como muy viable, ya que «una línea de descuento de pagarés es muy difícil que no se lo den», comenta este experto financiero.

Estas empresas con problemas de liquidez también podrían recurrir a la financiación alternativa, aquella que no depende de los cauces de los bancos tradicionales como, por ejemplo, el factoring, aunque esta financiación suele ser menos conocida. Por último, la opción menos probable que contempla Noya, ya que no suelen concederlo a empresas pequeñas, es la línea de crédito tradicional o el préstamo de circulante.

El Diari de Tarragona.com – 7 de junio 2026