CIRCULAR 2 de marzo 2023
Adjuntamos la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la Directiva europea Whistleblowing, que ha sido publicada el pasado 21 de febrero de 2023 en el BOE. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
La finalidad de la norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. Entre otros aspectos, esta nueva norma obliga a las entidades del sector privado y del sector público con 50 o más empleados a implementar “sistemas internos de información” (los denominados canales de denuncia) que deben cumplir diversos requisitos y garantías. Más concretamente en el ámbito privado tienen la obligación de disponer de un sistema interno de información los siguientes:
– Personas físicas o jurídicas que tengan contratados a 50 o más trabajadores.
– Personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte o protección del medio ambiente.
– Partidos políticos, sindicatos, así como las organizaciones empresariales y fundaciones creadas por ellos que reciban fondos públicos.
El plazo máximo de implementación de los sistemas internos de información será de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley (hasta el 13 de junio de 2023) para las Administraciones, organismos, empresas de más de 249 trabajadores y demás entidades obligadas. Excepcionalmente, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado (empresas con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores) el plazo se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023