La subida al diésel, la moneda de cambio de unos Presupuestos de base incierta

Ciudadanos asegura que el Gobierno le ha prometido eliminarla y la ministra Montero admite que tiene que negociar y «llegar a acuerdos»

El Presupuesto del Estado para 2021 es récord en todo: en gastos, en ingresos, pero también en inconsistencia y en incertidumbre. De hecho, una de las medidas impositivas estrella, la subida del impuesto al diésel, ni siquiera ha durado 24 horas. Al día siguiente de ser aprobada por el Consejo de Ministros y unas horas antes de que entraran los Presupuestos en el Congreso, Ciudadanos anunciaba su apoyo a la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos -no presentará enmienda a la totalidad- porque el Gobierno se ha comprometido a eliminar en el trámite de enmiendas la subida al diésel, dice el partido naranja.

El Ejecutivo también había prometido al PNV no subir la presión fiscal al diésel, aunque del Consejo de Ministros salió un aumento de casi 4 céntimos por litro con el que calculan ingresar 450 millones de euros más en 2021, un ingreso que tendrán que sacar de otra parte si finalmente suprimen la subida.

De hecho, la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, aunque señaló en la presentación del proyecto en el Congreso que no había tenido ese contacto con C’s en la negociación de los grupos políticos, a renglón seguido afirmó: «Estaremos encantados de sentarnos a hablar y evaluar propuestas» y se declaró muy consciente de que en el proceso de enmiendas «hay que llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios».

Con el apoyo de Ciudadanos, el Gobierno se asegura la tramitación parlamentaria de las Cuentas porque no quedará bloqueada en las enmiendas a la totalidad, pero también abre fisuras con ERC y con EH Bildu, incluso con Podemos, que ven incompatible aprobar los Presupuestos en compañía del partido liderado por Arrimadas.

A la vista de la necesidad de negociar a varias bandas, el trámite parlamentario puede introducir cambios de calado en los Presupuestos, pero seguirá basado en unas previsiones demasiado optimistas e inciertas cuando nos adentramos en un estado de alarma de varios meses de duración y confinamientos cada vez más estrictos para frenar la expansión incontrolada del coronavirus.

Recaudación fiscal

El Gobierno prevé recaudar 222.000 millones de euros el año que viene entre impuestos directos e indirectos, lo que supone casi 26.000 millones más que este año, según la previsión de liquidación. De ellos, menos de 6.000 procederían de subidas fiscales y nuevos impuestos, otros 6.000 de ingresos de la UE, mientras que el resto llegaría, según Hacienda, simplemente de la mejora de la actividad económica.

En concreto, vaticina que los beneficios empresariales van a crecer un 11% y las rentas de los trabajadores un 3% por la mejora del empleo. Sin embargo, aunque esas subidas sean por rebote después de la debacle de este año, con el agravamiento de la pandemia y los cada vez más numerosos cierres de empresas y aumento del desempleo, resulta dudoso que los ingresos por Sociedades vayan a crecer un 20% o un 14% la recaudación por IVA, muy por encima de lo que va a crecer el PIB. El Ministerio de Economía anticipa un aumento del PIB el año que viene del 9,8% -incluyendo el impacto estimado de los fondos europeos-, pero organismos como la Airef lo reducen al 5,8%, el Banco de España cree que estará entre el 4,1% y el 7,3% y la propia Comisión Europea no da más del 7,1%, y eso era antes de que se endurecieran las restricciones por la covid-19.

Si finalmente no se cumplen las previsiones de recaudación, el déficit público subirá por encima del 7,7% previsto, que ya supone un esfuerzo de reducción de más de 30.000 millones de euros. El incumplimiento tendría impacto en los mercados, en un año en que la deuda del Estado en circulación alcanzará los 1,25 billones de euros (112.000 millones de euros más que en este ejercicio) y el gasto en intereses de la deuda se mantendrá en 31.675 millones de euros, un 0,4% más que este año.

Plan de choque estatal y fondos europeos para atención a mayores

La pandemia ha puesto en cuestión el modelo de residencias de mayores de España. Y los Presupuestos, por una doble vía, se plantean remediarlo. Por un lado, la vicepresidencia de Derechos Sociales cuenta con un plan de choque en Dependencia por valor de 636 millones de euros, lo que supone un aumento del 50% de los recursos que destina la Administración General del Estado a estas políticas. Si ahora mismo el Estado central aporta el 19% de los recursos que se emplean en el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar, el Gobierno quiere que ese porcentaje al final de la legislatura alcance el 34%.

A ello hay que sumar que, de los fondos europeos, 708 millones se destinarán a planes ligados al cambio de paradigma de la atención y cuidado a los mayores. Derechos Sociales quiere poner en marcha residencias más pequeñas o sectorializables y conectadas a la atención primaria, además de que busca potenciar los cuidados de proximidad, los centros de día, la teleasistencia y la atención domiciliaria. Es un «menú de servicios» que el Gobierno español está negociando con las comunidades autónomas. En este contexto, el Ejecutivo quiere promover una ley marco de servicios sociales que recogerá un mecanismo de acreditación de las residencias que certifique un nivel de calidad mínima en toda España.

Las cuentas públicas también recogen la eliminación del copago farmacéutico para pensiones con rentas inferiores a los 5.635 euros anuales o a los 11.200 euros si no están obligados a presentar la declaración.

El Diario Montañés– 29 de octubre 2020