La colaboración público-privada, motor de la recuperación para el sector de infraestructuras

Ferrovial y Sacyr piden flexibilidad laboral, liderar el cambio climático y atraer inversiones extranjeras

Los máximos responsables de Ferrovial, Sacyr y Agbar han coincidido en afirmar que la colaboración público-privada será el motor de la recuperación económica. Así lo han manifestado Rafael del Pino, Manuel Manrique y Ángel Simón en la mesa sobre infraestructuras que tiene lugar hoy en la CEOE como parte de la histórica cumbre empresarial que se está celebrando desde el pasado lunes bajo el título “Empresas españolas liderando el futuro”.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha dicho que España necesita “con urgencia” un plan de recuperación, basado en la creación de empleo y de calidad, estímulos para empresas y autónomos, flexibilidad laboral, la reducción temporal de impuestos y la eliminación de las restricciones a la movilidad. Ha añadido que “es más difícil competir fuera si la actividad en España decae” y que es necesario un acuerdo entre todas las fuerzas políticas”.

Después ha tomado la palabra el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que ha pedido una reconstrucción “rápida, eficaz y equilibrada”. Para ello, son necesarias, según él, la libertad empresarial, la colaboración público-privada y una adecuada fiscalidad “ya que el ajuste fiscal será fuerte”.

Manrique ha manifestado que “tenemos que ponernos a la cabeza de la descarbonización y atraer la inversión extranjera. “En el mundo hay inmensas cantidades de liquidez que buscan proyectos sostenibles, con seguridad jurídica, certidumbre y una rentabilidad razonable”, añadió.

El presidente de Agbar, Ángel Simón, ha afirmado que la empresa es uno de los ejes básicos en esta recuperación y que debe de actuarse con el consenso de todas las partes y en el marco de la UE.

Por su parte, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha anunciado que establecerán unos descuentos en las tarifas de aterrizaje a las compañías para fomentar los vuelos, que han llegado a caer “más del 99% en abril y mayo pasados”.

Ha dicho que en la nueva etapa de “aeropuertos seguros” se tomará la temperatura a todos los pasajeros, los cuales, deberán rellenar unos formularios para su rápida localización en caso de que apareciera un contagio.

También ha afirmado que los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona “siguen adelante, aunque seguramente se desplacen las fechas”.

Lucena ha explicado los problemas que sufre Aena, como son las restricciones a la movilidad, las consecuencias de la crisis económica (menos poder adquisitivo de familias y empresas), las consecuencias económicas sectoriales (caídas en hoteles, turismo, etc…) y el factor psicológico de los ciudadanos.

Construcción y promoción inmobiliaria

En la segunda mesa de la jornada, sobre construcción y promoción inmobiliaria, Juan Lazcano, presidente de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) ha recordado que “en la anterior crisis, nuestras empresas pudieron salir al exterior, algo que ahora no pueden hacer”. Tras subrayar que la cuestión es saber “dónde gastar”, ha considerado adecuadas “pero insuficientes” las ayudas del ICO y los ERTE. Entre las medidas para la recuperación, ha destacado la rehabilitación de edificios, que en cuatro años podría generar más de 800.000 puestos de trabajo.

También ha pedido la reducción del IVA y del IBI, desgravaciones fiscales, la subvención a determinadas actividades y la flexibilidad de los parámetros urbanísticos. Asimismo, “debe de haber un plan de recuperación entre el Gobierno y la oposición, sin olvidar a las comunidades autónomas y teniendo en cuenta la opinión de las empresas”.

Después ha intervenido Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce), que ha pedido que se facilite la vivienda a la gente joven de este país. Para ello, ha pedido “un compromiso de aval del Estado” para que los bancos hagan préstamos hipotecarios por el 95% del valor de la vivienda en vez de por el 75% actual, lo que supondría unos ingresos para las arcas públicas de más de 15.000 millones de euros”.

También ha pedido la agilización de los trámites burocráticos, ya que, por ejemplo, los retrasos en las licencias encarecen las viviendas entre 25.000 y 40.000 euros. Asimismo, consideró imprescindible una ley de seguridad jurídica en urbanismo.

Víctor García, presidente de Oficemen, la patronal del sector de fabricantes de cemento, ha propuesto que el Estado impulse las infraestructuras relacionadas con la transición energética, que facilite la construcción de vivienda residencial nueva y que avale la adquisición de las mismas.

Asimismo, ha criticado los altos costes energéticos que sufre el sector, que son entre 20 y 25 euros el megavatio/hora más caros que en Alemania y Francia. Por último, ha recordado que el sector de las infraestructuras acumula un déficit de más de 100.000 millones de euros en los últimos diez años.

ABC – 18 de junio 2020