La paralización de la economía y la justicia alienta a grandes empresas a dejar de pagar a pymes

Los autónomos alertan del repunte de la morosidad pública en pleno estado de alarma

La actual crisis económica amenaza con reproducir algunos de los más feroces rasgos del estallido de la burbuja inmobiliaria. Entonces, la morosidad repuntó con fuerza generándose un círculo vicioso que acabó amplificando el propio daño a la actividad: como si fuera un virus, cuando una empresa no paga a sus proveedores, la falta de liquidez de una se contagia al resto. Ahora puede estar ocurriendo algo parecido ya que, como señalan asesorías y organizaciones consultadas por ABC, empresas de tamaño considerable están dejando de pagar a sus proveedores -en su mayor parte pymes y autónomos-, ante la debilidad económica provocada por el coronavirus, además de la paralización de los procedimientos judiciales.

La Ley de Morosidad fija en 60 días el máximo plazo sin pagar en el sector privado, si bien esta norma no tiene régimen sancionador, por lo que pagar tarde sigue sin penalizarse en España. A ello se le ha unido otra circunstancia: la paralización de la Justicia, que provoca que ni siquiera los litigios con los impagados puedan ocasionar un riesgo reputacional a las empresas morosas. Ni ahora ni cuando se retome la actividad ante el posible «efecto embudo» de procedimientos pendientes, por lo que, señalan estas fuentes, hay grandes empresas que juegan con ello para abusar de su posición de clientes con mayor liquidez.

«La diferencia con la anterior crisis o la de 1992, cuando repuntó la morosidad, es que ahora ni se pueden presentar monitorios. Con el sistema judicial parado, esto queda impune», señalan fuentes de la consultora CE Consulting, que apuntan que en varias multinacionales se está procediendo a un barrido de liquidez de las filiales a las matrices, pese a que las primeras tienen tesorería suficiente para afrontar sus deudas.

Ello provoca otro agravante a la difícil situación de ciertas pymes y autónomos, que ya se enfrentan a las barreras de las trabas administrativas para solicitar los avales puestos a disposición por el Gobierno, señalan en CE Consulting, frente a la estructura de las compañías con mayor tamaño.

«Es verdad que hay empresas que han dejado de pagar cuando no tienen la necesidad de hacerlo. Una medida que pedimos al Gobierno es obligar que las grandes empresas paguen a las pymes sus facturas pendientes. Francia lo ha hecho y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reclamado a las grandes empresas que paguen a sus proveedores», considera el presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, Antoni Cañete.

Cotizadas y administraciones

A ello se le une el repunte de los impagos de las administraciones a los proveedores, una bomba de relojería que en la anterior crisis fue la causa del cierre de una tercera parte de las empresas que desaparecieron.

«Lo que hemos detectado es que la morosidad de las administraciones ha aumentado y tenemos autónomos que las empresas para las que trabajan les han dejado de pagar, pero porque tampoco tienen liquidez», abunda el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor aludiendo a «Gobierno, comunidades autónomas y corporaciones locales, que ya en febrero estaban todos por encima de los 30 días».

Un mes antes del estado de alarma, las comunidades autónomas pagaban a 39, 9 días; la Administración Central, con 35,1 días y las corporaciones locales a 87 días. Es decir, todas las administraciones incumplían ya en febrero el límite fijado en 30 días para las administraciones. «Cuando salgan los datos procedentes de marzo, serán peores», avisa Lorenzo Amor. En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que inyectar 41.800 millones para pagar ocho millones de facturas pendientes a 200.000 empresas con el Plan de Pago a Proveedores, después de que las administraciones no pagaran durante años.

Más vulnerables

Esto afecta, sobre todo, a las microempresas y los autónomos, la capa más expuesta a la actual crisis y que tiene más peso en nuestro tejido productivo frente a otros países. El 24% de los empleados en España -más de dos millones de personas- trabaja en compañías de menos de diez empleados, frente al 15,4% de Alemania.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que agrupa a un millón de pymes, reclama que el Ejecutivo obligue por decreto a administraciones y cotizadas a pagar a sus proveedores las facturas atrasadas, para así garantizarles esta ventana de liquidez, y calcula que entre ambas deben 130.000 millones de euros que han excedido los plazos legales. De ellos, 8.621 son en la Administración -el grueso proviene de las comunidades autónomas- y 122.000 de las empresas en Bolsa que, según la organización, pagan a 169 días pese a cobrar en 57 días, por debajo de los 60 que marca la ley de Morosidad. «La economía son flujos monetarios y deberíamos de estar preocupados de que se rompan las cadenas de pago, porque el daño en la economía es mayúsculo», sentencia Cañete.

ABC – 29 de abril 2020