Coronavirus – Las empresas tendrán garantizada «toda la liquidez» que necesiten

El grueso del dinero público para apoyar la economía se destinará a avalar operaciones de financiación de las empresas

Que los problemas de liquidez o tesorería que puedan sufrir las empresas por las semanas de parón de la actividad que requiera la contención del coronavirus no se conviertan en problemas de solvencia, es decir, que no pongan en cuestión su supervivencia. Ése es el objetivo que persigue el Gobierno con la línea de avales que pondrá a disposición de las empresas y que estará dotado con 100.000 millones de euros (el 10% del PIB), el grueso del paquete de 117.000 millones de euros puramente públicos que movilizará el Estado de los entre 150.000 y 200.000 millones en que se calcula el programa total contando con la contribución privada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, afirmó que el sistema productivo español contará con «toda la liquidez» que necesite para mantenerse operativo. Un mensaje contundente tanto para las empresas como para los mercados financieros, que son los que en último término prestarán el dinero en operaciones que respaldará el Estado.

El real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros también contempla líneas de avales adicionales por valor de 2.000 millones de euros para las compañías exportadoras. Otras formas de respaldo del Estado al sector productivo pasan por la facilitación de procesos de reestructuración de créditos al sector agrario, afectado por la sequía.

Asimismo, prevé programas para apoyar la digitalización y la investigación y desarrollo para que las empresas puedan establecer sistemas de teletrabajo.

Agilización de los ERTE

El Gobierno, tal y como pedían patronal y sindicatos, agilizará los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los que tengan como causa directa las pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas adoptadas para atajar el virus, incluida la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de «provenientes de una situación de fuerza mayor». Y, de esta manera, la resolución de la autoridad laboral será expedida en un plazo de cinco días y no de quince, como establece la legislación para un ERTE ordinario.

La empresa deberá remitir a la autoridad laboral competente un informe sobre de qué manera su actividad se ha visto afectada, o que ésta no puede continuar con normalidad, por la cancelación de actividades, el cierre temporal de los locales, las restricciones en el transporte de personas y mercancías o la falta de suministros.

Las empresas que presenten un ERTE en estas condiciones no tendrán que pagar las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores.

Contratos públicos

Las administraciones públicas también ayudarán a sus empresas contratistas con un régimen específico de suspensión de contratos públicos, y que consiste en la ampliación de plazos y compensación de salarios, y así evitar la resolución de los contratos y la consecuente potencial pérdida de empleo.

El Comercio – 18 de marzo 2020