La caída del beneficio empresarial lastra el impuesto de sociedades

Los malos resultados de las grandes del Ibex provocan la primera bajada de ingresos en cinco años

Las grandes compañías españolas que cotizan en el Ibex 35 cerraron 2019 con malos resultados contables. Los seis grandes bancos ganaron de media casi un 20% menos que el ejercicio anterior. Telefónica también empeoró su cuenta de pérdidas y ganancias y Repsol registró pérdidas millonarias. La consecuencia inmediata de estas cifras más sombrías es la caída en el pago de impuestos. La recaudación del impuesto de sociedades, la tercera figura que más aporta a las arcas públicas, cerró 2019 con el primer retroceso desde el inicio de la recuperación económica, en 2014.

Los grandes valores del índice selectivo español, Ibex 35, empeoraron sus resultados contables durante el año pasado. Son apenas 10 empresas, pero con un tamaño tan grande que un mal ejercicio hace perder la recaudación en el impuesto de sociedades. Los grandes bancos, energéticas y operadoras telefónicas redujeron sus beneficios o, incluso, registraron abultadas pérdidas.

La multinacional energética española Repsol cerró con unas pérdidas de 3.800 millones de euros por operaciones extraordinarias. La compañía presidida por Antonio Brufau aprovechó 2019 para sanear su balance de los activos más contaminantes y lanzar su estrategia contra el cambio climático. Telefónica, otro de los pesos pesados del Ibex, redujo sus beneficios un 65% por el impacto de su plan de bajas incentivadas. BBVA (ganó un 35% menos), Santander (17% menos), Caixabank (14%) y Bankia (23%) también cosecharon peores cifras que en 2018. En general, la gran banca redujo de media sus beneficios casi un 20%.


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El gran peso de estas compañías sobre la economía española arrastró a la recaudación del impuesto sobre sociedades, que sufrió el año pasado un traspié. Los ingresos por este impuesto sobre los beneficios empresariales retrocedieron por primera vez desde el inicio de la recuperación económica, no superaron la mágica barrera de los 25.000 millones de euros de ingresos, como esperaban los responsables del Ministerio de Hacienda. Y siguen lejos del máximo histórico alcanzado en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando llegaron a más de 44.000 millones de euros.

El mal comportamiento de este impuesto a final de año no ha supuesto una sorpresa para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque desde principios de año las grandes compañías cotizadas ya fueron recortando los pagos fraccionados del impuesto —unos anticipos a cuenta de sus resultados futuros que las empresas tienen que hacer en abril, octubre y diciembre—.

“El segundo pago fraccionado disminuyó en cerca de 1.900 millones (un 13,7%) con respecto al mismo pago del año pasado”, avisaba la Agencia Tributaria en el informe de recaudación correspondiente al pasado noviembre. “Para entender esta fuerte caída hay que recordar que el año pasado los pagos tuvieron una evolución peculiar, influida decisivamente por el comportamiento de cinco grandes grupos que tributan de acuerdo al pago mínimo. Estos grupos declararon pocos beneficios en el primer pago y una cantidad anormalmente alta en el segundo. Eso dio lugar a un nivel de ingresos muy elevado en octubre de 2018 que compensaba sobradamente los malos resultados del primer pago. Este año, al realizar la comparación con ese período, se produce una disminución significativa de los ingresos en esos cinco grandes grupos, explica la Agencia Tributaria.

Maniobras en 2018

En 2018, cuando el PSOE alcanzó el poder tras la moción de censura, algunas grandes empresas, que el año pasado empeoraron sus resultados, aprovecharon para repatriar dividendos de filiales en el extranjero. La ministra Montero anunció nada más llegar que quería que las grandes empresas pagarán más impuestos —un mínimo efectivo del 15%—. Además, avanzó que pretende que las compañías españolas paguen, al menos, un 5% por los beneficios obtenidos en el exterior. Hasta ahora estaban exentos el 100% de los dividendos aportados por las filiales en otros países. Por eso, ante el miedo de que el nuevo Ejecutivo iba a subirles los impuestos, algunas empresas anticiparon el pago en 2018 en unas condiciones más ventajosas que en el futuro. El efecto comparación del año pasado, junto con los peores resultados cosechados por las grandes del Ibex, ha provocado un retroceso en la recaudación del impuesto sobre sociedades.

El paso atrás en esta figura tributaria aleja el objetivo del Gobierno de que los ingresos que proporciona sean equivalentes a los que obtienen los países de nuestro entorno. El peso de la recaudación del impuesto de sociedades sobre PIB bajó en 2019 hasta poco más del 2,3%, cuando la media comunitaria está en el 2,8%. Es decir, España debería recaudar unos 6.000 millones de euros más por este tributo para equipararse con Europa. Los expertos advierten, no obstante, de que las características del tejido empresarial español, con pocas grandes o medianas empresas, y casi todas pymes, dificulta ingresar más.

LAS ISLAS CAIMÁN, EE. UU. Y SUIZA, DONDE HAY MÁS OPACIDAD FINANCIERA

Más de seis billones de euros. O, lo que viene a ser lo mismo, cinco veces el PIB de España. Esta es la cifra astronómica que, según las estimaciones del FMI, se esconde en los paraísos fiscales de todo el mundo y resta ingresos tributarios a los Estados. Pese a las numerosas iniciativas que se han puesto en marcha para fomentar la colaboración entre jurisdicciones y hacer aflorar los fondos opacos ocultos en los centros offshore, todavía existe una larga lista de territorios caracterizados por un inquebrantable secreto bancario, reglas fiscales laxas y poca o nula transparencia societaria. Y quien la encabeza no son solamente islas paradisíacas perdidas en el medio del océano.

Las Islas Caimán, EE. UU. y Suiza son los territorios que peor parados salen en el Financial Secrety Index 2020 que acaba de publicar la organización independiente Tax Justice Network. Este índice bebe de una miríada de variables que miden el grado de transparencia financiera de un territorio para reflejar “el daño potencial” causado por cada uno de ellos. El resultado final nace de la combinación entre el grado de opacidad y la participación de cada jurisdicción en los servicios financieros offshore sobre el total global.

Las Islas Caimán, que pertenecen al Reino Unido, están en lo más alto de la clasificación. Su nivel de opacidad no es el más elevado —este liderato le corresponde a las Islas Maldivas—, pero es compensado por el gran volumen de fondos que custodia su sistema financiero. Bruselas acaba de incluir el archipiélago a su lista negra de paraísos fiscales, justo pocos días después de consumarse el Brexit.

También en Suiza, que se encuentra en el tercer lugar, pesa más la cantidad de activos que la falta de transparencia. La UE sin embargo ha dejado de considerarlo territorio pernicioso gracias a la reforma fiscal que ha puesto en marcha. EE. UU., que ocupa la segunda posición, es otro de los destinos favoritos de los extranjeros más acaudalados gracias al atractivo de regímenes fiscales como el de Delaware, un Estado diminuto que tiene cada vez más empresas que habitantes.

Tampoco la UE sale bien parada en la foto: Luxemburgo y los Países Bajos ocupan el sexto y octavo puesto de la clasificación, respectivamente, sobre un total de 133 jurisdicciones. A poca distancia, en la posición número 12, se sitúa el Reino Unido.

Por ello, la organización vuelve a lamentar la falta de firmeza de Bruselas ante los regímenes poco transparentes que se encuentran dentro de sus fronteras, y que evita incluir en su lista de paraísos fiscales. Según el informe, el territorio comunitario alberga cerca de un tercio del total de las jurisdicciones menos transparentes del mundo, pero la lista negra de la UE solo incluye el 10% de los territorios offshore que existen.

El País – 24 de febrero 2020