Horas bajas para la industria

El cierre de factorías arrastra a muchas zonas atadas a una sola empresa

Un día te llaman para una reunión… y te dicen que se cierra la fábrica. Ocurrió en Soria en 2008. Convocaron a los compañeros a las 10 de la mañana y a las 11 atrancaron las puertas. Con nosotros querían hacer lo mismo”. Delante de una nave vacía en el pequeño pueblo de Villadangos del Páramo (1.096 habitantes, León), Pablo Martínez cuenta cómo lo despidieron de Vestas, una empresa danesa de aerogeneradores que el año pasado ganó 894 millones de euros. “Alegaron causas organizativas… un modelo de las máquinas que producíamos desaparecía del catálogo, otro merecía la pena hacerlo en China y el tercero nos dijeron que era más rentable llevarlo a Dinamarca”. Con el de Pablo se rescindieron los contratos de 376 trabajadores fijos y 86 eventuales, “algo más de mil puestos si contamos los de los proveedores que han tenido que cerrar”. Vestas pagó 67 días por año trabajado de indemnización (sin límite de años) y los de más edad pudieron mantener su puesto para el desmantelamiento de la planta, que ha comprado el grupo siderúrgico Network Steel Resources, con el compromiso de fichar hasta 2020 a 350 personas. Aunque este ejercicio los nuevos empleos no pasarán de 80. La fábrica llevaba una década en el pueblo, en ella Vestas invirtió 72 millones y recibió 11,5 en subvenciones. “Nos engañaron, nos decían ‘estad tranquilos’. Si los sindicatos no hubieran sabido moverse rápido estos señores se habrían ido pagando 20 días por año. Ahora pienso que si le hubiésemos dado esos 11 millones de ayudas a los autónomos de esta zona… hay que reflexionar sobre esto”, analiza en su despacho el alcalde del pueblo, Teodoro Martínez (PP), impulsor de un polígono industrial de dos millones de metros cuadrados que sostiene a la comarca.

Fábricas de Alcoa en Gijón y A Coruña, de Cemex en Gádor y Lloseta, la planta de Siemens-Gamesa en Miranda de Ebro, La Naval en Sestao, la factoría de Gallina Blanca en Sant Joan Despí, nueve centrales térmicas en Galicia, Asturias, Aragón o Castilla y León… el desmantelamiento industrial y los anuncios de cierres preocupan. Dejan atrás una herida profunda en la economía, a menudo en pueblos que dependen exclusivamente de una empresa o de un sector. La huella se marca en las estadísticas: el Índice de Producción Industrial se desplomó en diciembre un 6,2%, una caída que no se veía desde hacía seis años. En el trimestre el bajón fue del 3%, mayor que el de Francia, Reino Unido o Alemania. La variación mensual de los pedidos en la industria entre noviembre y diciembre fue del -13,8%, 26 puntos menos que en el mes anterior según datos del INE de esta semana. También cayó el índice que mide el negocio en la industria (-2,5% en diciembre), aunque en el conjunto de 2018 aumentó un 3,9%.

La estadística construye una sombría premonición, pero por ahora los analistas y las empresas piden calma. Puede ser un pequeño temblor y no un gran terremoto. El PIB industrial pesa un 16% en la tarta del dinero español: 193.877 millones el año pasado, y emplea a 2,7 millones de personas. Exceptuando los últimos datos, las fábricas no han dejado de crecer y de crear empleo desde 2013. Empleo, por otra parte, de buena calidad. Pero hay quien alerta de que el país se escora más que nunca hacia una economía basada en los servicios, principalmente turísticos, mal pagados.

fabricas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido social

“La pregunta que se tiene que hacer la gente es ¿por qué alguien querría invertir en Europa? Tenemos que hacer que la industria sea rentable para ofrecer empleos de calidad, no esclavos”, reflexiona Andrés Barceló, director de UNESID, Asociación Española de las Industrias Siderúrgicas. “La industria genera un tejido social y económico, no solo ofrece mejores salarios, sino desarrollo profesional. ¿Qué alternativa hay a eso? ¿Quedarnos como una sociedad de museos y hoteles?”, añade. Carlos Reinoso, director de la patronal de fabricantes de papel y cartón Aspapel, reclama “medidas de política nacional”, para que el sector gane peso. “La industria es la que crea empleo de calidad, fija población, hace a la economía menos vulnerable”. Pero lejos de eso la realidad, según el observatorio de Funcas, es que el país soporta “un pobre ecosistema innovador, bajo nivel de sofisticación de los negocios y obstáculos a la transferencia tecnológica”. El sector público, pide Funcas, “debe dejar de atender múltiples demandas individuales e inconexas, y pasar a definir objetivos claros de interés común”.

En ese diagnóstico coinciden la decena larga de consultados. También Ángel Martín, sindicalista y secretario general de Industria en CC OO: “Cuando una empresa cierra, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y se pone a trabajar cuando posiblemente ya no hay remedio, porque la decisión de la multinacional probablemente es irreversible”. Habla del modelo energético, de la descarbonización y de la necesidad de más y mejor formación. “Es el momento de definir qué modelo industrial queremos. En España se implantan empresas en función del bajo coste de un marco más o menos atrayente, pero no tenemos capacidad para construir sectores de futuro. No queremos conformarnos con ser una industria manufacturera periférica en Europa”. Pide un papel activo al Gobierno: “Esto no se arregla con ayudas, sino con participación del Estado para reforzar la política industrial. Aquí nadie pone el grito en el cielo porque Francia tenga un papel en Renault o porque Alemania juegue un papel en Airbus”.

En Alcoa conocen bien ese apagón callado de los motores. “A Coruña ha ido perdiendo industria… ahora quedamos nosotros como empresa más emblemática”, lamenta Juan Carlos López, presidente del comité. “Lo nuestro se ve con mucha preocupación, la edad media de la plantilla está en 40 años, es un drama”, refuerza. La multinacional de aluminio primario ha llegado a un acuerdo para mantener durante seis meses a 300 trabajadores de los 623 que quiere echar mientras busca un comprador para sus plantas. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? “Ninguna”, contesta José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de Avilés. “Sin estatuto de electrointensivos, ninguna. Hay que ser realistas, en España es imposible producir de forma rentable por el precio industrial de la electricidad. Aunque tengas la fábrica más moderna del mundo, la energía se come el 40% de los costes. Alemania tiene eso muy claro y hace que su industria sea competitiva. El cambio del anterior gobierno nos llevó por delante, porque Álvaro Nadal [Ministro de Energía con el PP] estaba buscando alguna salida. Ahora que parece que estamos buscando una base para que la industria intensiva pueda vivir… Llegan las elecciones y puede quedar todo congelado, no se acuerda nadie de nosotros”.

La madre de todas las batallas ahora se llama “estatuto del consumidor electrointensivo”, un esquema que el Gobierno debe desarrollar siguiendo el Real Decreto Ley aprobado el pasado 7 de diciembre para que se recojan los derechos y las obligaciones de las grandes empresas (que consumen el 11% de toda la electricidad del país) a cambio de reducir su factura a través de rebajas en las tarifas que pagan por peajes de transporte y distribución, financiación de las energías renovables o por el impuesto eléctrico.

La patronal que agrupa a las grandes fábricas consumidoras, Aege, calcula que hay un diferencial de tarifa de “20 o 25 euros (en el megavatio/ hora) con Europa”, en palabras de Fernando Soto, su director. “Pedimos, en línea con lo que hace Alemania o Francia, una normativa, nada más”. Nada menos. Soto calcula que el coste de estas medidas, con datos del 2018, estaría en la horquilla de 600 y 700 millones. “No será de golpe, habrá que dar pasos, adoptar medidas en función de los presupuestos”, razona. ¿Y si no se aprueban nuevas cuentas? “El efecto es el riesgo que hay de deslocalización. En los últimos meses se han anunciado cierres de multinacionales, es el principal temor”. Estas ayudas convivirían con otras herramientas por las que ya se retribuye a las plantas, como las subastas de interrumpibilidad, por las que los grandes consumidores se comprometen a reducir su consumo cuando el sistema eléctrico lo requiere a cambio de dinero. El año pasado Red Eléctrica aportó 310 millones y este año la primera subasta ha sido de 100 millones.

Apagón en los pueblos

La muerte anunciada de fábricas ronda comarcas como la de Narcea, en Asturias. Impulsada por la regulación medioambiental, Naturgy pondrá fin a la actividad de su térmica alimentada con carbón y ha anunciado un plan para suprimir 82 puestos con recolocaciones o salidas pactadas. El socialista José Ramón Feito, alcalde de Tineo, el concejo donde se sitúa una de las nueve centrales, recuerda que por cada puesto directo se generan (y se perderán) tres indirectos. “Aquí llegamos a superar los 10.000 habitantes [ahora son cien menos]. La población es muy mayor, hay un 11% de paro porque la gente marcha a Oviedo, a Gijón o fuera de Asturias. El carbón es un tema que más allá de estos municipios está bastante denostado. Pedimos que, si hay una reconversión, que se invierta en otras cosas, que se dé alternativas de futuro a la gente para compensar esos puestos. Porque al final, si nos machacan más nos iremos todos”.

Lo mismo piensan en Gádor (Almería, 3.030 habitantes) donde la mexicana Cemex pondrá fin a la fabricación de cemento ofreciendo 170 traslados a la plantilla. La alcaldesa, Lourdes Ramos (PP), la llama “la joya de la corona para el municipio”. Ha acompañado a los trabajadores a todas las protestas —la última en Madrid— para evitar el desenlace. “Defendemos que es rentable, los números salen”, reclamaba tras una gran pancarta el pasado 11 de febrero. Los números no salieron, y hace unos días la plantilla firmaba el acuerdo aceptando la derrota. La suerte quizá ya estaba echada hace tiempo. “Tenemos que ir a una política preventiva: si van a cerrar las térmicas que queman carbón nacional ya sabemos que se va a producir un problema. No podemos resolver solo la situación de la plantilla directa, sino que se garantice que siga habiendo industria alternativa que genere el mismo nivel de empleo contando el directo e indirecto”, pide Martín.

Las fuerzas del mercado presionan en direcciones inesperadas y el futuro no es como se prometía. Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE, recuerda que los procesos de innovación, que supuestamente iban a crear “un mundo mucho más plano donde te podrías conectar desde distintos sitios y conectarte al mercado”, no funcionan. “La realidad es justo la contraria. La digitalización está produciendo clarísimos clústers en lugares concretos. Clústers de generación, retención de talento y de transferencia de conocimiento a las industrias”. Desde Cambridge, Massachusetts, hasta el polo tecnológico de Hong Kong. “Una explicación es que el conocimiento tiene un componente de prácticas concretas en la industria, y su intercambio solo tiene valor en espacios interdisciplinares donde la gente interactúa, lo que significa que no viaja bien. Las fuerzas del mercado nos llevan a un mundo de polos de innovación. España, en ese contexto, está perdiendo la carrera frente a las megalópolis”. Como mucho, considera Muñiz, el país podría desarrollar cinco, seis o siete clústers donde haya capacidades: “Veo claramente el de industria de las infraestructuras, el turismo, agroalimentario, financiero…”. Pero es una carrera donde el reloj no se para y los errores salen caros. Begoña Cristeto, exsecretaria de Industria del último gobierno del PP y socia de KPMG, recuerda que “no se puede forzar la implantación de fábricas en lugares donde no tienen razón de ser. Las multinacionales analizan cuentas, al final tendrán en cuenta la rentabilidad. Hay que hacer el análisis de cuáles son las ventajas competitivas de un país. No siempre es cuestión de subvenciones, a veces son cambios en política fiscal o planes de formación. No se puede hacer política a golpe de legislatura”.

El rol multinacional

Y en esta ecuación del progreso es inevitable contar con las ventajas y los inconvenientes del capital extranjero (y con que las decisiones se tomen muy lejos de España). Helena Herrero, presidenta de la Fundación I+E, donde se agrupan multinacionales instaladas en el país, responde por correo electrónico que hay que entender a los grupos internacionales desde una doble perspectiva: “La de la corporación, que toma decisiones globales; y las filiales locales, que aspiran a crecer en sus mercados y obtener más recursos e inversiones de su casa matriz”. Dice que los grupos globales aceptan las reglas de juego de cada país, pero “si se cambian de pronto, o se amenaza con cambiar esas reglas —marco fiscal, institucional, infraestructuras…— corremos el riesgo de alterar ese ecosistema innovador. No conozco ninguna multinacional que no sienta un absoluto compromiso en la comunidad donde opera”.

El director de la patronal siderúrgica apoya que “ninguna empresa cierra por mala fe y nadie invierte en un país sólo por las ayudas”. Algo que cuestionan muchos trabajadores despedidos en las últimas semanas como Rubén Sánchez, exempleado de Vestas. “No soy de León, vine a trabajar aposta. Cuando hice la entrevista para entrar me dijeron que, como mínimo, iban a estar 20 años. Me compré una casa a siete kilómetros de aquí, me hipotequé”. Rubén fue uno de los que más se implicó en el campamento improvisado ante la fábrica de la eólica durante las protestas que se iniciaron el verano pasado. “Dentro de la planta había 50 millones de euros solo en valor de máquinas. Teníamos que evitar que se las llevasen. Montamos la caja de resistencia siguiendo los consejos de gente que había montado las protestas en Coca-Cola y muchos compañeros se quedó a vivir aquí, toda la comarca nos apoyó muchísimo”. Su futuro es una página en blanco: tiene 21 meses de paro y no ha encontrado trabajo.

El País – 22 de febrero 2019