Los países de la UE apoyan eximir del arancel del acero al 90% de empresas

Los gobiernos de la Unión Europea apoyaron ayer la reforma del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM), el arancel ambiental a la importación de productos como el acero demandado con urgencia por la industria siderúrgica y por gobiernos regionales como el del Principado de Asturias. En la práctica, la reforma supondrá eximir al 90% de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.

Los Estados miembros han fijado su posición negociadora en las conversaciones que deben comenzar ahora con el Parlamento Europeo, la otra institución con poderes legislativos, de cara a acordar la redacción definitiva de la legislación.

La modificación de este mecanismo, muy demandado por industrias como la de la siderurgia, sitúa en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que los operadores estén obligados a abonar el CBAM, lo que reduce a un 10 % las compañías afectadas por el mismo.

El Consejo de la UE (que representa a los países) informó de que este cambio beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas e incluso a personas que importan «cantidades pequeñas o insignificantes de bienes cubiertos» por este arancel climático, como es el caso del acero, pero también del hierro, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno. Así, esta institución ha subrayado que la modificación «no compromete los objetivos climáticos» de la UE porque «alrededor del 90 % de las emisiones (de CO2) asociadas a los bienes importados cubiertos por el CBAM seguirán cubiertas».

Además, el Consejo señala que las modificaciones simplifican los trámites de autorización para los operadores que importen bienes sujetos al arancel, facilitan el cálculo de las emisiones y mejoran la gestión de la responsabilidad financiera, además de reforzar las medidas destinadas a prevenir abusos.

Estos cambios sobre el funcionamiento del arancel del bloque para gravar las importaciones con elevada huella de carbono forman parte de la primera de las rondas de simplificación legislativa que la Comisión Europea está impulsando en sus primeros meses de mandato como parte de sus esfuerzos para mejorar la competitividad de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario recopila desde octubre de 2023 datos sobre importaciones de cemento, acero, aluminio o fertilizantes en una fase «transitoria» hasta que empiece a recaudar este arancel a partir de 2026.

LA NUEVA ESPAÑA – 28 de mayo 2025