Los créditos blandos podrán ser pedidos hasta el 1 de junio de 2026 y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarga responsabilidades en las comunidades autónomas para el éxito del programa
El Gobierno pone en marcha 15 meses después de su anuncio los 4.000 millones de la adenda de los fondos europeos prometidos para la concesión de créditos blandos a promotores con el fin de financiar la construcción de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible. Es una línea que fue anunciada en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del año pasado, de la que el Ejecutivo dijo en un primer momento que sería gestionada por el ICO. Pero ahora ha optado por dividir las responsabilidades del reparto del dinero con la banca.
Según ha detallado este lunes el Ministerio de Vivienda, los proyectos de financiación se repartirán en función de la demanda, pero inicialmente está previsto que se dividan en partes iguales entre ICO y las entidades financieras (2.000 millones cada uno) que se quieran adherir al plan. «No obstante, en función de la demanda esta distribución puede variar», ha aclarado el renacido departamento durante la presente legislatura. Los 43.000 alquileres baratos que se aspiran a levantar con este plan forman parte del total de 184.000 incluidos en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, de las que el Gobierno asegura tener movilizadas ya más de 80.000.
Entrando más en detalle, en el caso de que sea el ICO la entidad que concede el préstamo, Vivienda dice que la operación solo requerirá de la verificación del cumplimiento de los requisitos y el riesgo de la operación, para la posterior concesión del préstamo. En el caso de las entidades bancarias, estas podrán analizar el riesgo de la operación conforme a su propia política de riesgos, ya que será el propio banco «quien asume el riesgo de impago». «Si se utilizase la vía de las entidades financieras, una vez la entidad y el promotor acuerden el préstamo y se conceda, el ICO trasferirá el importe de la operación a la entidad financiera para que proceda a su préstamo al promotor», ha especificado el departamento de Isabel Rodríguez.
El convenio entre el Ministerio de Vivienda y el ICO que ha sido firmado este lunes, y cuya rúbrica ha sido presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla que al dinero puedan optar proyectos iniciados desde el 1 de enero de 2022. Habrá casi dos años de margen para solicitarlo, hasta el 1 de junio de 2026, y se podrán formalizar hasta el 31 de agosto de ese mismo año como fecha límite.
ABC – 29 de julio 2024