El alquiler social solo representa un 2,4% de los hogares que hay en España
Un 49,2% de los inquilinos tienen un contrato de trabajo fijo
El alquiler social es un instrumento imprescindible para combatir el problema del sinhogarismo. Sin embargo, no llega al 95,99% de las personas que lo necesitan, debido sobre todo a la escasez de vivienda pública, que tan solo representa un 2,4% de los 18 millones de hogares que hay en España.
Esta es la principal conclusión del informe Radiografía del alquiler social y el sinhogarismo en España, que ha realizado el Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la Universidad Rey Juan Carlos y la SOCIMI social tuTECHÔ, especializada en proporcionar soluciones habitacionales y ofrecer acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo. Una vivienda social es aquella que la Administración Pública tiene que ofrecer a aquellos ciudadanos que tienen una situación precaria y tienen una dificultad para acceder a la vivienda bien porque sean jóvenes e intentan acceder a su primera vivienda o bien porque se trate de familias con menos recursos económicos.
«Es fundamental que la Administración Pública provea de un bien tan esencial como es la vivienda. Desde el Observatorio del alquiler lo primero que nos encontramos es que España está muy a la cola de los países de la OCDE en cuanto a parques de vivienda social. España necesita entre 300.000 y 370.000 viviendas sociales para poder resolver el problema del alquiler social», afirma Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, quien asegura que «las tensiones que están sufriendo los mercados locales del alquiler en España vienen provocadas por un efecto cascada, por una falta de acción de la administración pública a la hora de proveer esta actividad social y es un dato importante entender que en los últimos 10 años no se ha puesto un ladrillo para vivienda social en España y las pocas acciones que se han tenido en cuenta han sido mínimas para poder cubrir esa importante necesidad».
Aumentar el parque de viviendas en alquiler social es, por tanto, fundamental para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas sin hogar. El alquiler social se erige como el punto de partida no solo para proporcionar una vivienda a quienes carecen de ella, sino también como motor para impulsar la inclusión y poder acceder así a otras oportunidades, por ejemplo, en el ámbito laboral. Sin embargo, con tan solo un 2,4% del parque de viviendas, los recursos públicos resultan del todo insuficientes para hacer frente a las más de 375.000 peticiones que se registraron el año pasado.
«El 95,99% de las personas en situación de sin hogar podrían beneficiarse de algún tipo de programa de alquiler social y no lo hacen. La mayoría, de hecho, prefiere optar a ayudas económicas antes que, a un alquiler social, ya que perciben que no podrán acceder a estos recursos como consecuencia del déficit de vivienda pública: un 80,4% reconoce haber solicitado una prestación económica, una cifra abrumadora frente al 3,7% que pidió una ayuda de alojamiento» declara el presidente de Alquiler Seguro.
Acceder a un alquiler social supone diversos y profundos cambios en las características socioeconómicas de las personas sin hogar, incluyendo mejoras en la estabilidad laboral y la calidad de las viviendas. Pero la falta de cobertura pone en evidencia el desbordamiento del sistema y la urgente necesidad de incrementar el parque de vivienda pública para que los recursos lleguen a las personas que de verdad lo necesitan.
La Encuesta de Personas Sin Hogar de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa entre las causas que explican la falta de un hogar a las relacionadas con el alquiler, ya sea por la incapacidad de pagar la renta (9,95%), un desahucio (6,58%) o el fin del contrato de arrendamiento (1,86%). También influyen otros factores personales y económicos, como la emigración a otro país o los problemas de adicciones. Además, es un problema que no se soluciona a corto plazo.
Según el Observatorio del Alquiler, «la mayoría de los individuos está sin hogar por periodos de tiempo prolongados. Un 39,83% de los encuestados por el INE señala que vive en la calle desde hace más de 3 años, a los que se suma el 26,53% que lleva en esta situación entre 1 y 3 años, lo que incrementa aún más las dificultades para la reintegración social y económica.
Según dicho informe, el sinhogarismo es un problema que afecta con especial dureza a personas con un bajo nivel educativo y de ingresos, lo que subraya la relación directa entre educación, empleabilidad y riesgo de falta de hogar, que, de producirse, limita extremadamente las posibilidades de reinserción. Tan solo un 8,6% de las personas en situación de sin hogar tienen algún tipo de estudios universitarios, y un 3,1% cuentan con algún título de formación profesional.
Todos los demás cuentan con estudios básicos de secundaria o inferiores, e incluso un 4% no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel de ingresos, un 90,7% viven con menos de 800 euros en total, de los que un 49,7% no llegan a los 100 euros. El sinhogarismo afecta más a los hombres, que representan un 76,7%, y a las personas de nacionalidad extranjera, un 49,8% frente al 47,8% de españoles. Por edades, la mayor incidencia se da entre quienes tienen entre 45 y 55 años, y va decayendo a partir de los 60.
Por comunidades autónoma, en cuanto a la distribución de este problema por comunidades autónomas, Andalucía (20%), Madrid (14%) y el País Vasco (13%) es donde residen más personas sin hogar. Sin embargo, teniendo en cuenta su peso relativo sobre el total de la población, es en Canarias (18,4%), Murcia (12,2%) y Navarra (11,7%) donde tiene más implantación.
Un 2,38% de los hogares en España residen en un régimen de alquiler social, aunque con una distribución desigual por comunidades autónomas. Por ejemplo, en Extremadura representan el 8,3%, mientras que en Aragón o en Castilla y León, tan solo el 0,5%. El perfil de las personas que viven en alquiler social es de mujeres (54,8%), de entre 45 y 64 años (51,7%) y de nacionalidad española (85%).
El nivel educativo alcanzado también es bajo, en general, con mayor prevalencia entre quienes cuentan con el graduado en Educación Secundaria (27,4%), frente al 8,1% que tiene estudios universitarios. Además, el 49,2% tienen un contrato de trabajo fijo, y un 29,5% trabaja de forma estacional o por temporada.
EL ECONOMISTA – 5 de julio 2024