Una Ley de Contratos histórica para las Pymes

Son muchos los cambios que estamos viviendo en los últimos tiempos, quizás más de los que somos capaces de entender y asumir. Se están produciendo avances tecnológicos clave como la industria 4.0, la inteligencia artificial, las criptomonedas, el Internet de las Cosas y muchos otros. Se trata de palancas de cambio que afectan a las empresas, en un sentido u otro, y que aquéllas deben saber aprovechar a su favor. También en el ámbito legislativo se están produciendo cambios históricos, que inciden sobre las empresas, sobre todo las pymes, y que están marcando el presente y futuro de nuestro país. Uno de ellos es la entrada en vigor, hoy mismo, de la nueva Ley de Contratos del sector Público.

Esta Ley tiene un impacto extraordinario en nuestra economía, pues la contratación de las diversas administraciones públicas suma 180.000 millones anuales, es decir, un 15,5% del PIB. Además de este impacto directo en capacidad económica, la compra pública se puede erigir en motor de cambio, impulsora de la innovación y del dinamismo de nuestras empreas.

Son muchos los países que a lo largo de la historia han hecho de la compra pública una herramienta clave de su política industrial, desde Alemania y Francia hasta China y Japón.

Diversos estudios sobre contratación pública han indicado cómo una buena gestión de la misma y la erradicación de la corrupción nos permitirían ahorrar unos 40.000 millones anuales, una cifra similar al coste del rescate bancario español de 2012. La nueva Ley que hoy entra en virgor debe sentar las base sólidas de un nuevo modelo de contratación pública mediante una serie de principios nuevos a favor de las pymes a partir de la Directiva europea 2014/24/UE.

En efecto, el plazo de trasposición de la Directiva en España expiró en 2016  y conllevó una denuncia ante las autoridades europeas por parte de una serie de organizaciones empresariales de toda España. El anteproyecto de ley que en aquel momento se elaboró implicaba perpetuar los privilegios de unos pocos, en detrimento de las pymes y autónomos contratistas y subcontratistas. Promovida desde ciertas organizaciones empresariales, que sólo defienden a unos pocos, aquella propuesta normativa incluso contradecía los principios de la Directiva europea. Afortunadamente el trámite parlamentario ha sido largo pero constructivo y fructífero.

Complejidad

Durante los largos meses de tránsito de la Ley en el Congreso de los Diputados se llegaron a presentar unas 1.200 enmiendas a la misma, aceptándose unas 900. Ello demuestra tanto la complejidad de una norma con tanto impacto económico, como el despropósito del anteproyecto redactado inicialmente. Debemos congratularnos del enorme consenso que ha generado la Ley entre grupos de todo arco parlamentarios, los cuales han interpuesto los intereses del país a la defensa de las pymes y autónomos a su propia dinámica de partido y sus dogmas ideológicos.

Con la entrada en vigor de la Ley se abre ahora una nueva etapa, también de gran importancia, para su aplicación en la práctica. Las administraciones deben ahora garantizar los lotes en los concursos para que más empresas puedan acceder a la contratación, incluir en sus pliegos la posibilidad de pagar directamente a los subcontratistas, evitar que los contratistas principales hagan trampas con la fecha de factura, exigir la factura electrónica entre el contratista principal y subcontratista, desterrar los pactos entre partes para prologar los plazos de pago, así como erradicar el confirming como truco para alargar los plazos de pago.

Como decíamos al inicio, esta Ley implica un cambio histórico con importantes consecuencias para las empresas y la economía, que sin embargo, no ha gozado de la trascendencia social y mediática que merecía, seguramente relegada por la compleja agenda política de los últimos meses.

Mas allá de los detalles de la norma, es histórico que no se haya legislado por una vez en beneficio de unos pocos, como ocurre desgraciadamente en tantas ocasiones, sino en pos del bien común de la gran mayoría de empresas que constituyen nuestro país, esto es, pymes y autónomos.

La labor incansable de las organizaciones empresariales de toda España que han impulsado el cambio legislativo confirma que las pequeñas empresas pueden lograr sus objetivos si están bien organizadas y representadas por organizaciones que defiendan de verdad sus intereses, y no los de una pequeña minoría.

Creo que deberíamos tomar esta Ley como referencia y modelo de cambio, así como prueba fehaciente de que la aritmética parlamentaria permite muchos más cambios si se trabaja de forma colectiva y a favor del interés común. Con la llegada inminente de la primavera confío en que florezcan muchas más iniciativas legislativas de gran calado en nuestro país, como el régimen sancionador contra la morosidad, que promuevan un cambio real y profundo en nuestro modelo económico.

Antonio Cañete

Secretario general de Pimec y Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.